“Cuando trajimos su cuerpo a casa, le prometí que seguiría su camino de lucha por la justicia para todas las personas”, dice ella. Ese voto ha definido su vida.

22 años después, Maru, como la conocen sus amigos y vecinos, lidera una red de 140 organizaciones cívicas y comunitarias que trabajan para construir paz en medio del conflicto armado más largo y violento del hemisferio occidental. Estos grupos de base se oponen a la violencia que ejercen grupos armados y organizaciones criminales en zonas rurales en 14 de los 32 departamentos de Colombia. La red Comunidades Construyendo Paz en Colombia (conocida localmente como CONPAZCOL), apoya el Acuerdo de Paz con las FARC-EP firmado en 2016, buscando establecer medidas de seguridad y buena gobernanza en amplias zonas del país.

La Comisión de la Verdad en Colombia declaró en junio de este año que la corrupción continúa siendo el mayor generador de la violencia en el país, alimentado por un sistema político y económico atravesado por el narcotráfico.

Después de protestas públicas masivas el año pasado por la corrupción, la pobreza y otros agravios, el gobierno del recién electo presidente Gustavo Petro prometió concentrar esfuerzos hacia la construcción de paz. Actualmente, y según investigaciones independientes de la sociedad civil, más de un tercio de los municipios colombianos tuvieron alguna presencia de grupos armados ilegales y corren el riesgo actual de seguir soportando violencia.

Cauca, el departamento natal de Maru, se extiende desde las montañas hasta la costa pacífica. Cauca ha sido ha sido una de las regiones más violentas de Colombia y es una importante ruta de tráfico para las bandas criminales. Según Indepaz (un importante centro de investigación colombiano), desde la firma del Acuerdo en 2016 hasta marzo de 2022, grupos armados ilegales habían asesinado a 1.327 activistas sociales o de derechos humanos y a 182 mujeres líderes; siendo el Cauca el departamento con la mayor cantidad de asesinatos.

Sobre este aspecto, un enviado de derechos humanos de la ONU advirtió en agosto de 2022 que Cauca es especialmente peligroso para activistas como Maru, que denuncian la corrupción de las élites.

Durante años, el trabajo de Maru ha sido reunir, capacitar y motivar a las víctimas de la guerra en Colombia, en particular mujeres, comunidades marginadas de campesinos, afrocolombianos e indígenas, para lograr la restitución de lo perdido, defender sus derechos humanos y resistir de forma pacífica a los ataques de grupos armados ilegales que buscan tomar el control de sus territorios. Luchar pacíficamente frente a estas realidades requiere de una combinación de protestas públicas, presión contra las autoridades y las élites, procesos legales, y el coraje de persistir frente a amenazas y ataques.

Ayudando a las víctimas de la guerra a acumular y fortalecer capacidades

Durante años, en el marco del conflicto armado colombiano las élites han robado tierra de comunidades vulnerables para enriquecerse. Maru y sus colegas son parte de una amplia campaña para revertir estos despojos territoriales. “He visto la alegría de las personas que habían sido desplazadas por la fuerza, cuando pudieron regresar a su casa”, dijo en una entrevista. Estos casos incluyen “comunidades cuyas tierras fueron robadas por una gran empresa para construir un cultivo de aceite de palma”.

Una de sus misiones más apasionantes, dice Maru, es ayudar a los niños que han sido forzosamente reclutados por grupos armados a dejar la criminalidad y recobrar la esperanza y productividad que puede darles el regresar a las escuelas y acceder a estudios universitarios.

“No tenemos que seguir siendo víctimas”, dijo Maru. “Podemos construir nuestros métodos para resistir a los grupos armados y crear comunidades sin miedo”.

Su organización ha sido tan efectiva luchando por los derechos de las víctimas de la guerra que fue invitada a ayudar a representar los intereses de las víctimas en las negociaciones en La Habana, Cuba, que dieron como resultado el Acuerdo de paz del 2016. Esa misma eficiencia ha provocado amenazas de muerte por parte de grupos armados; en 2017 uno de estos grupos asesinó a una de sus amigas y compañeras de trabajo, una mujer que había sido madrina de la hija de Maru, su comadre.

Un paso vital: reforzar los roles de las mujeres

Maru y la comunidad de mujeres constructoras de paz de Colombia son un ejemplo radiante y poderoso del papel creciente y crítico de las mujeres en la negociación, mediación, organización e implementación de procesos de paz en todo el mundo. En los años previos al Acuerdo de Paz de Colombia de 2016, redes de mujeres mediadoras en todo el país negociaron ceses al fuego a nivel local y liberaciones de secuestrados por parte de grupos armados. Las mujeres formaron un tercio de los miembros plenipotenciarios en las negociaciones de La Habana.

“Esa negociación fue pionera en la inclusión de mujeres”, señaló Tonis Montes, experta de USIP en Colombia. “130 de las 578 compromisos del Acuerdo abordan específicamente cuestiones de género en el conflicto. El liderazgo de las mujeres sigue siendo vital en la labor de implementación del Acuerdo, y María Eugenia lo está brindando en una de las regiones más violentas del país”.

A principios de este siglo, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas consagró lo que muchos gobiernos, investigadores y constructores de paz de primera línea habían declarado durante años: que los conflictos violentos no se pueden desescalar sin la plena participación y liderazgo de las mujeres en los gobiernos, las instituciones internacionales y en la sociedad civil. Sin embargo, más de 20 años después, nuestro mundo está rezagado en la implementación de ese principio, conocido como la “Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad”. Con mucha frecuencia, las mujeres son confinadas a roles simbólicos o directamente amenazadas por insistir en ser escuchadas.

“Existe un aumento en las venganzas, la violencia, las amenazas y los ataques contra las mujeres y las niñas, tanto en la esfera pública como privada” han afirmado las defensoras de derechos humanos, periodistas, constructoras de paz, entre otras “mujeres y niñas en entornos afectados por conflictos y crisis, sobre todo en Afganistán, Colombia, Etiopía, Myanmar, Sudán, Siria y Yemen”, declaró este mes el consejo coordinador de políticas de la Unión Europea.

USIP estableció su Premio Mujeres Construyendo Paz para acelerar el papel de las mujeres en la construcción de paz en todo el mundo, y el consejo asesor de 18 miembros del Instituto eligió a Maru como la tercera ganadora del premio, después de Rita Lopidia de Sudán del Sur y Josephine Ekiru de Kenia. “Los logros extraordinarios, frente a la violencia, de mujeres como Maru y otras finalistas del premio —de Uganda, Siria y Yemen— ilustran los triunfos, pero también los obstáculos inaceptables y continuos que soportan las mujeres lideresas en la construcción de paz y la promoción de la justicia en contextos de transición”, dijo Kathleen Kuehnast, quien dirige los programas de USIP en apoyo de las mujeres constructoras de paz.

Para Maru, 30 años de construir paz sobre los ejemplos de su tío y de otras y otras que la han inspirado ha forjado un mensaje inspirador para niñas y mujeres jóvenes. “Nunca debemos dejar de luchar por el respeto a los derechos de las mujeres”, dijo. “Nuestras hijas deben creer en sí mismas y saber que tenemos mucho poder para cambiar el mundo para que los hombres no manipulen a las mujeres. Todas deberíamos saber que las mujeres podemos unirnos, cuidándonos unas a otras, para manejar nuestras propias vidas, para sostener los legados de las mujeres que han luchado por nuestros derechos, y para avanzar más en ese mismo camino. De esta manera podremos lograr nuestro sueño de vivir en justicia y en paz, libres de la represión y violencias, y libres de las hegemonías patriarcales, no solo en Colombia sino en el mundo entero”.