Sin embargo, la población en general parecía en cierto modo inmune a las disputas entre los políticos en Lima. No esta vez. En diciembre, el juicio político y el arresto del presidente Pedro Castillo (luego de su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto) provocaron protestas generalizadas, especialmente en el empobrecido sur del país de mayoría indígena.

En los últimos dos meses, los manifestantes han bloqueado carreteras y aeropuertos e incendiado estaciones de policía, lo que ha afectado la actividad económica en sectores clave, como la minería, la agricultura y el turismo. Las autoridades han respondido a esta situación con una represión letal, disparando contra algunas protestas. Las muertes relacionadas con el estallido social ascendieron a 58 hacia principios de febrero, en su mayoría resultado de enfrentamientos con la policía, aunque al menos siete se atribuyen a accidentes de tránsito y demoras de ambulancias causadas por los bloqueos de carreteras.

La presidenta Dina Boluarte, la vicepresidenta que asumió después de la destitución de Castillo, propuso adelantar las elecciones generales dos años, aunque el Congreso rechazó su propuesta. Sin embargo, ella también ha tomado una línea dura contra los manifestantes, sugiriendo que el movimiento ha sido infiltrado por narcotraficantes y grupos terroristas que quieren sembrar el caos.

Las protestas en Perú se encuentran entre las más violentas de la historia reciente de América Latina, pero no son las únicas. Los colombianos salieron a las calles en 2021 para protestar contra una impopular reforma tributaria; Las protestas estudiantiles chilenas en 2019 iniciadas aumento en las tarifas del metro se convirtieron en manifestaciones masivas en contra de la desigualdad. En ambos casos, algunas de las protestas resultaron en saqueos y violencia. En ambos, la policía respondió con fuerza letal, a menudo desproporcionada.

¿Cómo pueden los gobiernos abordar las peticiones legítimas de los ciudadanos y reducir estos conflictos? ¿Cómo deberían las fuerzas de seguridad garantizar los derechos de los ciudadanos a protestar pacíficamente mientras mantienen el orden público?

Mary Speck de USIP conversó con la politóloga Cynthia McClintock, el sociólogo Camilo León y el exdiplomático estadounidense Lawrence Gumbiner sobre los desafíos que enfrenta el Perú.  Conversaron sobre formas para abordar la política disfuncional de Perú, abrir espacios de diálogo para desactivar la violencia y suavizar las profundas divisiones sociales, económicas y étnicas del país. También se le preguntó al experto en seguridad colombiano, el General (retirado) Alberto Mejía sobre cómo las fuerzas de seguridad pueden proteger el orden público sin poner en peligro la vida y las libertades de los ciudadanos.

¿Cómo debería responder el gobierno peruano a estas multitudinarias protestas?

McClintock: Las manifestaciones recientes en Perú son las más intensas desde la década de 1970. La presidenta Boluarte ha hecho un llamado al diálogo, y aunque el hecho que se lleve a cabo es difícil debido a que no hay líderes oficiales de los protestantes, se deberían intensificar estos esfuerzos. Una iniciativa que sería inusual pero que podría transformar la dinámica política es que la propia Boluarte, con su equipo de seguridad, se acerque a los manifestantes e invite a varios de ellos a su oficina para hablar. Además, los funcionarios gubernamentales deberían reunirse de una forma aun mas proactiva con los funcionarios subnacionales en las áreas afectadas por las protestas para responder de manera más efectiva posible a sus preocupaciones.

El apoyo del gobierno a aquellos funcionarios que participen en un diálogo podría atraer a otros a la mesa. Además, dados los múltiples problemas relacionados a los comicios de 2021, el Congreso debería ponerse de acuerdo en adelantar las elecciones. Boluarte también debería señalar su apertura a un proceso que pueda conducir a una nueva constitución (otra demanda clave de los manifestantes). Entre las diversas reformas que abordarían la disfunción política de Perú se encuentra el asunto de la reelección de congresistas y autoridades departamentales y municipales; Actualmente, la prohibición de la reelección es un factor importante que genera preocupación entre los actuales congresistas frente a la propuesta de adelantar las elecciones.

Una segunda reforma potencialmente apropiada es establecer una ronda adicional de elecciones presidenciales entre los cinco candidatos principales si ningún candidato gana más del 30 por ciento en la primera vuelta. Dada la fragmentación política de Perú, este tipo de segunda vuelta mitigaría la posibilidad de que dos candidatos en extremos ideológicos lleguen a la ronda final como ocurrió en 2021. Los actores internacionales pueden ayudar defendiendo las normas democráticas internacionales y dando ejemplos positivos.

¿Qué explica los disturbios en las zonas rurales?

León: Perú sufre una profunda fragmentación social, cultural y económica. Más de dos tercios de la población se encuentran sobreviviendo a través del empleo informal (una situación agravada por la pandemia de COVID). Unas identidades culturales altamente heterogéneas e imbuidas de racismo entre grupos indígenas y blancos/mestizos y el fracaso de las políticas de libre mercado como medio para cerrar las brechas socioeconómicas han debilitado el tejido social del país. La fragmentada sociedad peruana no ha podido encontrar una representación políticamente estable y efectiva.

Una solución democrática a largo plazo debería abordar la legalización de actividades como la minería artesanal y en pequeña escala, el cultivo de coca, así como el comercio y la manufactura informales. También tendría que lidiar con el racismo, la polarización —tanto la extrema izquierda como la extrema derecha han crecido significativamente— y los valores éticos y morales de los ciudadanos.

Las amargas contiendas electorales también se han convertido en una fuente importante de odio y polarización en los últimos años. Keiko Fujimori, quien perdió por una estrecha margen las elecciones presidenciales de 2016, luego usó la mayoría parlamentaria de su partido para deponer al expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2018. Después de perder nuevamente en 2021, Fujimori se negó a reconocer los resultados y ayudó a liderar los esfuerzos del juicio político contra Castillo.

Para muchos peruanos, el golpe de estado fallido de Castillo fue una medida desesperada para evitar un tercer juicio político (por presunta corrupción) organizado por las élites de Lima. En este contexto, es muy importante realzar la importancia de los derechos humanos y los valores democráticos al mismo tiempo de contrarrestar el discurso de odio y las noticias falsas.

¿Qué debería hacer Estados Unidos para ayudar a Perú a restablecer su estado de derecho?

Gumbiner: La crisis en Perú tiene raíces que se remontan a décadas, por no decir siglos. Implica circunstancias complejas que no se reducen fácilmente a un análisis en blanco y negro. El gobierno de Castillo fue incompetente, corrupto e hizo poco por promover los intereses de los pobres rurales. Sin embargo, el arresto y encarcelamiento de Castillo representó ante los ojos de algunos peruanos otra afronta perpetrada por una élite política corrupta Limeña.

Los manifestantes representan una mezcla de intereses, desde poblaciones marginadas hasta movimientos políticos impulsados ​​ideológicamente, así como posiblemente intereses del narcotráfico y la minería ilegal e influencias de países extranjeros. El factor unificador es su deseo de cambiar el statu quo, destituir al gobierno actual y convocar una convención constitucional.

El reto de Boluarte es ganar legitimidad frente la opinión pública. Su gobierno debería reafirmar su apoyo a las protestas pacíficas, pero rechazar firmemente la violencia, incluyendo los actos perpetrados por las fuerzas de seguridad. Debería también investigar seriamente las acusaciones de uso indebido de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y los manifestantes. Debería continuar asimismo los esfuerzos para llamar al diálogo y a una “tregua” política, incluyendo el adelantamiento de las elecciones. El momento de las elecciones debe determinarse no en el vacío sino dentro de un diálogo con el Congreso y las fuerzas legítimas de las protestas.

Estados Unidos y la comunidad internacional pueden ayudar manteniéndose unidos en apoyo al orden constitucional, actualmente encarnado por la administración Boluarte. La asistencia técnica para el diálogo y la investigación de hechos ilícitos debe estar sobre la mesa. Estados Unidos debería enviar un mensaje con discreción, pero con firmeza, a los gobiernos vecinos para que se abstengan de exacerbar la violencia y por el contrario invitarlos a alentar de manera conjunta un acuerdo negociado y pacífico. Finalmente, la administración de Boluarte con apoyo internacional debería acelerar la implementación de programas/proyectos en las regiones. Los gobiernos departamentales generalmente ejecutan solo del 15 al 50 por ciento de los programas presupuestados. La financiación está disponible: el público necesita ver que el gobierno trabaja para ellos si el objetivo es restaurar la confianza con el Estado.

¿Cómo pueden las fuerzas de seguridad restaurar el orden público sin poner en peligro los derechos humanos?

Mejía: Los gobiernos democráticos tienen la responsabilidad de garantizar que las fuerzas policiales y militares puedan contener amenazas reales en situaciones donde protestas sociales se vuelven violentas y amenazan las instituciones y el orden público. Sin embargo, estas acciones deben realizarse de manera que garanticen la vida, el honor y los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Para enfrentar estas crisis derivadas de protestas sociales que se conviertan en disturbios violentos, los países necesitan desarrollar capacidades policiales y militares dentro de un marco legal claro y con reglas de enfrentamiento que se correspondan con los principios del derecho internacional humanitario, como la necesidad, la proporcionalidad y la legalidad. Cuando este primer paso está garantizado, se puede desarrollar una doctrina policial que contemple la eventual implementación de un modelo de asistencia militar, liberando recursos humanos policiales al permitir que los militares brinden ciertos servicios de protección.

La estructura de comando y control es crucial para un liderazgo efectivo. La centralización de las capacidades y tecnologías de las comunicaciones es también fundamental para que los líderes puedan visualizar lo que sucede y emitir órdenes controladas, limitando la posibilidad de errores. Por último, los miembros de las fuerzas de seguridad deben recibir una formación adecuada para el desempeño de sus funciones sin improvisaciones y estar provistos del equipo de protección necesario para garantizar su propia integridad.

Las consecuencias de ignorar estos elementos son graves y pueden llevar a violaciones de los derechos humanos, causando daños duraderos a las instituciones democráticas.

Cynthia McClintock es profesora de Ciencias Políticas y Asuntos Internacionales en Geroge Washington University.

Camilo León es exviceministro de promoción laboral de Perú con un doctorado en antropología social.

Lawrence Gumbiner es un exdiplomático estadounidense y asesor principal para América Latina de WestExec Advisors.

Alberto Mejía es un excomandante general de las Fuerzas Armadas de Colombia.