Hasta hace poco, la capital del país era uno de los municipios más mortíferos de uno de los países más violentos de América Latina. Los mercados del centro de San Salvador eran una "mina de oro" ferozmente disputada por los grupos delincuenciales, que luchaban por controlar las dinámicas de extorsión, la venta de drogas al por menor y otras actividades ilegales.

Pero las bandas que antaño dominaban el centro de la ciudad parecen haber desaparecido en gran medida. Tanto los vendedores ambulantes como los tenderos aseguran que ya no sufren de extorsiones periódicas. Los conductores y peatones ya no pagan peajes a los colaboradores de las pandillas. Los residentes de los barrios dominados por una pandilla ya no temen represalias violentas si cruzan al territorio de otra a tan solo unas calles de distancia.

Hace ocho años, El Salvador sufría más asesinatos per cápita que cualquier otro país del hemisferio occidental, y la mayor parte de la violencia estaba relacionada a las maras. Aunque las tasas de homicidios empezaron a descender a partir de 2015, los dos mayores grupos criminales del país -la Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18- seguían dominando los barrios más vulnerables, obligando a los negocios informales y pequeños a pagar "renta", el eufemismo salvadoreño para extorsión.

¿Por qué disminuyeron los homicidios mientras continuaban la extorsión y otros delitos? Funcionarios estadounidenses afirman que el gobierno salvadoreño había negociado en secreto con los líderes de las pandillas en prisión, ofreciéndoles beneficios y un trato especial a cambio de reducir la violencia. Esta tregua secreta se rompió en marzo de 2022, cuando las pandillas llevaron a cabo una significante oleada homicida, en un aparente intento de conseguir concesiones adicionales del gobierno.

Incertidumbre en medio de la represión

Fue un error de cálculo fatal. Por el contrario, el Presidente Nayib Bukele lanzó una campaña de represión masiva a la delincuencia declarando un "estado de excepción" de un mes, que ya se ha renovado 13 veces.

Las fuerzas de seguridad afirman haber detenido a más de 66.000 presuntos pandilleros. Asimismo, han mantenido a casi todos ellos en cárceles sobrepobladas, haciendo uso de los poderes de emergencia que suspenden ciertos derechos constitucionales, como el derecho a la asistencia legal. La mayoría están acusados de "agrupación ilícita", que permite a las autoridades mantenerlos incomunicados. No está claro cuándo serán juzgados.

La mano dura ha hecho muy popular al presidente salvadoreño: su aprobación entre los salvadoreños superó el 90% en una encuesta reciente. Aun más, el efecto Bukele se extiende más allá de las fronteras de su propio país. El gobierno hondureño puso en marcha su propio estado de excepción en noviembre de 2022, extendiendo y ampliando geográficamente la emergencia durante los últimos cinco meses. Una candidata presidencial guatemalteca elogió la represión de El Salvador como un "modelo" a imitar. Desde México hasta Ecuador y Argentina, personalidades públicas han elogiado las políticas de mano dura de Bukele contra la delincuencia, aunque ninguna ha aplicado medidas tan drásticas.

En El Salvador, sin embargo, el alivio se ve atenuado por la incertidumbre. Tanto los partidarios del gobierno como sus detractores reconocen que la ofensiva del presidente ha debilitado gravemente, si no quebrantado, el control de las pandillas sobre la capital. Pero los salvadoreños también empiezan a preguntarse: ¿y ahora qué?

El gobierno aún tiene que explicar cómo piensa llevar a juicio a las decenas de miles de sospechosos que ahora están en prisión, si rehabilitará y reintegrará a los que finalmente sean puestos en libertad y, lo que es más importante, qué hará para impedir que surja una nueva generación de pandillas violentas.

"Las maras ejercían el control porque nadie más lo hacía", afirma Verónica Reyna, investigadora de Servicio Sociale Pasionistas en Mejicanos, un suburbio vulnerable de San Salvador. "Si el Estado no llena este vacío -no sólo con policía, sino con educación y otros servicios-, otros grupos criminales intervendrán".

Un educador que trabaja con jóvenes en situación de riesgo y encarcelados hizo eco de este temor. Las pandillas proporcionaban un propósito -aunque fuera negativo- en comunidades donde los jóvenes no veían ningún futuro para sí mismos. "Muchos dicen que no esperan vivir más allá de los 18 años", afirma. "Si nadie más les ofrece oportunidades y esperanza, las maras llenarán ese vacío".

Doblemente victimizados

No lejos del centro histórico de San Salvador, media docena de mujeres se reunieron recientemente en las anticuadas oficinas de un sindicato. La mayoría trabajaban en la economía informal como vendedoras ambulantes, entregando una parte de sus escasos ingresos a las pandillas como "renta". Varias dijeron que habían perdido familiares a causa de la violencia criminal. Todas dijeron haber apoyado el estado de excepción, que los salvadoreños llaman "el régimen".

Hasta que la red atrapó a sus propios parientes.

"El régimen es bueno", dice una mujer cuya familia produce y vende empiñadas, un colorido dulce artesanal que se encuentra en los mercados salvadoreños. "Nos alegramos de que se deshicieran de las maras. Pero deberían llevarse a los culpables, no a los inocentes".

Las mujeres eran miembros del Movimiento de Víctimas del Régimen o MOVIR. Ninguna había podido ponerse en contacto con sus familiares, la mayoría de los cuales llevaban casi un año en prisión, tras haber sido detenidos durante las primeras semanas del estado de emergencia. Algunas habían contratado abogados sólo para que les dijeran que no se podía hacer nada. Todas portaban documentos policiales, desesperados por demostrar que sus parejas, hijos, sobrinos, o nietos no tenían antecedentes penales.

La pérdida de unos ingresos muy necesarios agravó su angustia. Tras la detención de su marido y de su hija, la comerciante de empiñadas luchaba por mantener al resto de su familia con la ayuda de su suegra. Las familias se enfrentaban a la carga adicional de pagar los gastos de transporte para visitar las prisiones o a los funcionarios del sistema de justicia y de suministrar alimentos y artículos de aseo para sus familiares encarcelados. El llamado "paquete", un conjunto de productos aprobados por las autoridades penitenciarias, le cuesta a los familiares entre 70 y 150 dólares al mes.

El gobierno afirma que ha liberado a unos 4.000 sospechosos, aunque los grupos de derechos humanos afirman que muchos vuelven a ser detenidos rápidamente por las fuerzas policiales, presionadas para cumplir las cuotas de detenciones. A través de entrevistas con presos liberados, Cristosal, un grupo de derechos humanos afiliado a la Iglesia Episcopal, ha documentado linchamientos, abusos y abandono en centros de detención sobrepoblados.

Pero la situación de los familiares fuera de las prisiones también es alarmante. A menudo son las mujeres las que soportan la carga, luchando por mantener unidas a sus familias mientras pasan de la pobreza a la pobreza extrema. "Intentan obtener justicia, enviar suministros a sus familiares encarcelados y mantener a sus familias", afirma Zaira Navas, abogada de Cristosal. "Hemos oído de abuelas que se han quedado al cuidado de 10 nietos".

Soluciones sostenibles

Los analistas creen que el gobierno mantendrá la emergencia al menos hasta las elecciones generales de marzo de 2024. Se espera que Bukele y su partido Nuevas Ideas mantengan el control de la presidencia, el poder legislativo y la mayoría de los gobiernos municipales.

Hasta ahora, ni el presidente ni su gabinete han mostrado ninguna inclinación a suavizar las políticas de mano dura. El gobierno ha finalizado la construcción de la que puede ser la prisión más grande del mundo, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que se supone que puede albergar hasta 40.000 presos. Después de que el gobierno inaugurara las nuevas instalaciones en febrero, el ministro de Seguridad declaró que los miembros de las bandas "nunca volverán a sus comunidades... ni siquiera en 45 años".

Pero hay esperanzas que, tras las elecciones, el gobierno empiece a proponer soluciones a largo plazo. "Saben que no pueden limitarse a llenar las cárceles", afirma un experto que ha trabajado con las fuerzas de seguridad salvadoreñas. "Después de las elecciones, pueden empezar a plantearse asuntos como la rehabilitación y el acercamiento a las comunidades".

El gobierno ha prometido abordar la escasa inversión de El Salvador en educación, que por mucho tiempo ha estado rezagada a comparación de otros países de la región. En septiembre de 2022, el gobierno de Bukele se comprometió a saldar esta "deuda histórica", lanzando un programa educativo llamado "Mi Nueva Escuela" que incluiría la reforma de los planes de estudio, la formación del cuerpo de profesores y la remodelación de más de 5.000 escuelas en los próximos cinco años.

Las consecuencias de la falta de oportunidades educativas en El Salvador son dolorosamente evidentes en el sistema penitenciario. Según Héctor Carrillo, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), más del 90 por ciento de los reclusos nunca han terminado la enseñanza secundaria. Y más del 97 por ciento no tiene estudios superiores. La situación tampoco es mucho mejor para los salvadoreños en general: la calidad de la educación tiende a ser mala y el acceso a estudios universitarios es escaso. "Sólo el 11 por ciento de la población tiene más de 13 años de escolarización".

Antes de la emergencia, el gobierno de Bukele prometió invertir en la educación de los presos a través de un programa llamado "Segundas Oportunidades". "La educación es la herramienta más poderosa para cambiar nuestra sociedad", dijo el director de prisiones, Osiris Luna, en julio de 2021, cuando el gobierno anunció la ampliación de las iniciativas de rehabilitación. (Más recientemente, el director de prisiones ha adoptado una postura más dura, declarando en octubre de 2022 que "estas personas nunca saldrán de la cárcel").

La iniciativa modelo de Bukele para prevenir la violencia son los CUBO o "Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades". El gobierno ha construido 11 de estos edificios transparentes en forma de cubo en comunidades pobres, ofreciendo a los jóvenes apoyo académico, actividades deportivas y clases de arte o idiomas. La idea es proporcionar a los jóvenes empobrecidos espacios seguros, con acceso a computadores, bibliotecas con acogedores cojines para leer y la supervisión de adultos.

Los activistas aplauden estas iniciativas, pero advierten de que la mayoría de los jóvenes de las zonas marginadas siguen sin tener acceso a escuelas decentes y mucho menos a un enriquecimiento extraescolar. Les preocupa también que los recortes en los subsidios a los gobiernos municipales estén privando a los dirigentes locales de la capacidad de desarrollar soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades locales.

Las mejoras en la seguridad deberían "abrir espacios para que las comunidades se expresen", afirmó Carrillo, de FESPAD. "Debemos preguntarles qué necesitan. Las comunidades son las que mejor saben lo que hay que hacer para prevenir la violencia".