Entonces, ¿por qué se denomina la contienda electoral entre dos candidatos moderados como “un momento decisivo”? ¿por qué algunos temen que la democracia guatemalteca esté bajo amenaza? ¿por qué la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que la “extrema judicialización” del proceso electoral guatemalteco pone en riesgo la estabilidad del país?

La verdadera contienda parece estar teniendo lugar, no en la campaña electoral, sino en el sistema judicial del país. Los tribunales guatemaltecos han sembrado repetidamente el caos al excluir a candidatos de izquierda y de derecha por infracciones electorales aparentemente menores, en un aparente intento de favorecer al partido gobernante.

Hasta el momento, estos esfuerzos han resultado contraproducentes. Muchos votantes anularon su voto o votaron en blanco en las elecciones generales del 25 de junio, mientras que los votantes antisistema se inclinaron por Arévalo, quien ha centrado su campaña en la lucha contra la corrupción oficial.

Ahora, los fiscales se han enfocado en el partido de Arévalo, conocido como Movimiento Semilla al iniciar una investigación penal sobre el supuesto fraude cometido hace años, además de emitir órdenes de aprehensión en contra de sus miembros y allanar  la sede del partido y del Consejo Supremo Electoral. También decidieron ampliar su investigación enfocándose en los resultados de la primera vuelta, al ordenarla detención de un alto funcionario electoral y recopilar nombres de trabajadores electorales.

La injerencia provocó protestas generalizadas, tanto en Ciudad de Guatemala como al interior del país. Las cámaras empresariales expresaron su apoyo a las autoridades electorales y advirtieron en contra del retraso de la ronda final, y las autoridades indígenas se concentraron en la capital para defender su derecho al voto. Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA también expresaron su preocupación por la manipulación electoral.

A este respecto, Mary Speck, asesora senior de USIP, pidió a dos analistas políticos guatemaltecos, Carlos Mendoza y Gabriela Cabrera, su opinión sobre las elecciones y la respuesta de los ciudadanos a estos desafíos electorales. Asimismo, Speck solicitó al experto constitucional guatemalteco Alexander Aizenstatd comentar sobre los peligros de la interferencia judicial en el proceso electoral, y a dos exfuncionarios estadounidenses, el embajador Stephen McFarland y Juan Cruz, opinar sobre lo que Estados Unidos debería hacer para apoyar la democracia guatemalteca.

Speck: ¿Qué ocurrió en la primera vuelta de las elecciones guatemaltecas del 25 de junio, y qué debemos esperar de la segunda vuelta el próximo 20 de agosto?

Mendoza: A pesar de la desconfianza en el proceso electoral -debido a las decisiones arbitrarias e inconsistentes de las autoridades electorales respecto a qué candidatos podían competir-, seis de cada 10 ciudadanos guatemaltecos participaron en la primera vuelta del 25 de junio.

Para Guatemala, este nivel de participación es normal, no muy por debajo de la participación récord de 2015, en medio de protestas ciudadanas generalizadas, cuando participaron siete de cada 10 votantes guatemaltecos.

Sandra Torres y el partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) se asocian con el voto rural. Como primera dama durante el gobierno de su esposo, Álvaro Colom (2008-2011), Torres promovió y coordinó programas que beneficiaron a miles de mujeres indígenas en zonas rurales. Por eso, no sorprende que en las zonas rurales el voto a favor de UNE superara a Semilla por más de 330 mil votos. No obstante, en las zonas urbanas, Semilla obtuvo 111 mil votos más que UNE. El voto urbano representó el 84 por ciento del total de Semilla, mientras que el voto de UNE estuvo más equilibrado entre ambas zonas

Lo anterior no favorece a UNE en la segunda vuelta. El padrón electoral está sesgado hacia los votantes urbanos, quienes representan alrededor del 62 por ciento de los votantes registrados. Además, este tipo de votantes se moviliza más fácilmente durante la segunda vuelta que los rurales. En estas zonas, los caciques locales ya no tienen incentivos para ir a votar, pues sólo está en juego la presidencia, y no las alcaldías ni los escaños en el Congreso. Esto explica, en parte, porque Sandra Torres se ha hecho famosa por llegar a segunda vuelta, pero luego pierde ante el candidato rival. Además, también se enfrenta a altos índices de desfavorabilidad – el llamado "antivoto", es decir, aquellas personas que afirman que nunca votarían por ella. Estos votantes predominan precisamente en las zonas urbanas, que suelen votar más en la segunda vuelta.

Speck: ¿Cómo han reaccionado los ciudadanos guatemaltecos ante estas impugnaciones judiciales de los resultados de la primera vuelta y la integridad del proceso de votación?

Carrera: Desde que se instauró la democracia en 1986, Guatemala no había vivido movilizaciones tan diversas en defensa de los resultados electorales y del respeto a los procedimientos constitucionalmente garantizados. Las movilizaciones, muchas de las cuales están teniendo lugar en las cabeceras departamentales, responden a un hartazgo de la ciudadanía frente a actores políticos que actúan con impunidad.

Estas movilizaciones son pacíficas, no partidistas y están dirigidas por jóvenes. Su demanda principal es la defensa de la integridad del proceso electoral y de la voluntad ciudadana expresada en los resultados de la primera vuelta de las elecciones y de la próxima segunda vuelta. Los manifestantes, tanto en las redes sociales como en sus manifestaciones frente al Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio Publico, lo expresan bien: "Esto no es por Semilla, es por la democracia" y "mi voto cuenta y se respeta".

La incertidumbre ha caracterizado este proceso electoral. Las leyes se manipulan para favorecer determinados intereses políticos y los acontecimientos excepcionales, que cambian bruscamente las coyunturas políticas, han creado una atmósfera de tensión.

Si la segunda vuelta se lleva a cabo conforme el procedimiento establecido, debería haber una alta participación de votantes urbanos jóvenes, con cierta educación formal, que votan por primera vez. El voto urbano siempre ha sido decisivo en la segunda vuelta, lo cual debería favorecer a la opción progresista representada por Semilla en lugar de las estructuras clientelares asociadas a UNE. Sin embargo, quedan dos preguntas latentes: ¿se permitirá a los partidos contendientes hacer campaña libremente en la segunda vuelta? y ¿se respetarán los resultados finales?

Speck: ¿Qué entendemos por "judicialización"? ¿Es algo nuevo? y ¿Por qué es peligrosa para la democracia guatemalteca?

Aizenstatd: Una vez, un profesor me dio un ejemplo: si tienes un barril de aguas residuales y le añades una cucharada de vino, sigues teniendo un barril de aguas residuales. Pero si tienes un barril de vino y le añades una cucharada de aguas residuales, ahora tienes un barril de aguas residuales. Hay cosas que una vez contaminadas se convierten en otra cosa; el sistema judicial es una de ellas.

La utilización del sistema judicial para influir en el proceso electoral no es nueva. A lo largo de los años, los tribunales, y en particular el Tribunal Constitucional, se han visto implicados en una variedad cada vez mayor de cuestionamientos: desde decidir sobre si un perro está debidamente registrado por la Asociación Nacional de Criadores, hasta castigar a un alumno por llevar cerveza a un colegio. Por lo anterior, parece que el Tribunal Constitucional tiene voz y voto en casi todas las cuestiones, no sólo en las que requieren revisión por parte de los constitucionalistas.

Hay muchas razones para ello. Las leyes que rigen los casos que se pueden presentar son abiertas y los jueces pueden hacer caso omiso de sus propios precedentes sin consecuencias. Además, el proceso de nombramiento permite elegir a jueces por motivos políticos que son poco calificados y los mandatos judiciales son cortos, lo que hace que los jueces sean vulnerables a las injerencias políticas. Ellos gozan de poderes prácticamente ilimitados para dictar sentencias constitucionales que pueden afectar a cualquier proceso gubernamental.

Añadir la política a un sistema judicial con pocos controles y equilibrios puede convertirlo en un polvorín.

Hay al menos algunas líneas en la arena que parece que los tribunales no cruzarán, como cambiar los resultados de unas elecciones. Mantengo la esperanza de que se respete la Constitución, que habrá una segunda vuelta electoral y que el ganador tomará posesión de su cargo en enero. No obstante,  podemos esperar que la confianza de la población en las más altas instituciones judiciales de Guatemala seguirá disminuyendo.

Aun así, a algunos actores políticos les resulta más rentable influir en los nombramientos judiciales que luchar por unos tribunales verdaderamente independientes.

Speck: ¿Por qué son importantes las elecciones en Guatemala? y ¿ qué debería hacer Estados Unidos?

Cruz: Corremos el peligro real de que unas autoridades electorales turbias en compañía del sistema judicial l asesten un golpe devastador a la todavía firme democracia de Guatemala. Ningún observador razonable o imparcial debería cuestionar los resultados de las elecciones presidenciales de junio. Nuestro primer error desde el principio fue dejar que estas fuerzas viciadas, influenciadas por agentes tradicionales del poder, se salieran con la suya, con fallos cuestionables y caprichosos contra otros aspirantes a la presidencia, incluido un candidato favorito y outsider, a los cuales excluyeron. El éxito no hizo sino alentar a los reincidentes. Así pues,  ahora hay que apartarles enérgicamente de cualquier cosa que perturbe los resultados reconocidos y supervisados internacionalmente.

Permitir cualquier degradación adicional del orden electoral, es decir, un dedo en la balanza, por parte de autoridades equivocadas es una burla al proceso democrático y regresa a Guatemala a una era en la que los presidentes eran nombrados con un guiño y un asentimiento de los poderosos. Nuestra respuesta debe ser más fuerte, clara e inequívoca.

McFarland: Guatemala tiene un sistema de gobierno autoritario basado en una confederación laxa de partidos políticos, operadores judiciales y algunos empresarios ricos. Arévalo es un anatema para ellos porque ha prometido reducir la corrupción y  su victoria podría inspirar a otros a desafiar al sistema. Para Estados Unidos y la Unión Europea, unas elecciones transparentes y justas son cruciales para revertir el giro de Guatemala hacia una cleptocracia autoritaria. Sin duda, lo que ocurra en Guatemala también afectará directamente a la migración hacia Estados Unidos.

No obstante, nadie debería subestimar el compromiso total del gobierno y de los círculos corruptos para bloquear la participación de Arévalo en la segunda vuelta o impedir que asuma el cargo si resulta elegido. Además, también existe una amenaza más siniestra: hace unos 40 años, dos políticos de centroizquierda en ascenso en Guatemala fueron asesinados.

¿Cómo puede Estados Unidos y la comunidad internacional apoyar unas elecciones presidenciales transparentes y democráticas para la segunda vuelta? Hay cuatro componentes:

1. Emitir declaraciones públicas y privadas con énfasis en  la necesidad de garantizar unas elecciones transparentes y proteger la seguridad de los candidatos.
2. Aprovechar la capacidad de Estados Unidos y  otras representaciones diplomáticas  para  expresar a todas las partes interesadas, especialmente a las autoridades judiciales y electorales,  su apoyo a la transparencia y la imparcialidad electorales, y garantizar la seguridad de los candidatos.
3. Preparar sanciones individuales apropiadas, y sanciones económicas más amplias, en caso de acciones antidemocráticas. Evaluar la divulgación pública de información estadounidense sobre redes guatemaltecas que socavan la democracia y sus vínculos con el crimen organizado transnacional.
4. Apoyar a la OEA, la Unión Europea y los propios guatemaltecos en el seguimiento de la campaña de la segunda vuelta y las elecciones.

Alexander Aizenstatd es abogado especializado en Derecho Constitucional, Derecho Internacional y Arbitraje.

Gabriela Carrera es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad Rafael Landívar de Ciudad de Guatemala.

Juan Cruz es asesor principal no residente del Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales. Formó parte del Consejo de Seguridad Nacional de 2017 a 2019 como Ddirector  Sénior para Asuntos del Hemisferio Occidental.

Stephen G. McFarland es  funcionario retirado del servicio exterior estadounidense. Fue Embajador de Estados Unidos en Guatemala entre 2008 y 2011.

Carlos A. Mendoza es economista y analista político de Diálogos, un centro de investigación guatemalteco.