United States Institute of Peace

Por ahora, Maduro, quien ha estado en el cargo por más de una década, está haciendo campaña fuerte para ganar la reelección, denunciando a la oposición como traidores "fascistas" y títeres de Estados Unidos. No obstante, el electorado venezolano está listo a votar abrumadoramente por Edmundo González Urrutia, un diplomático retirado que se ha convertido en el "candidato accidental" de la oposición. González se presenta como reemplazo de María Corina Machado, la ganadora de las primarias de la oposición que fue inhabilitada por el gobierno de ocupar cargos; el candidato cuenta con el apoyo de Machado, así como de una amplia coalición de partidos políticos.

El régimen todavía podría encontrar una manera de inhabilitar a González, tal como lo hizo con Machado y su primera candidata suplente. También podría intentar evitar la supervisión de las elecciones desinvitando a observadores internacionales creíbles, como ya lo ha hecho con la Unión Europea. De todas formas, la energía se ha estado consolidando en pro de las elecciones del 28 de julio, con políticos recorriendo el país, partidos y grupos cívicos organizándose para monitorear los comicios y votantes ansiosos por emitir su voto en la primera elección presidencial significativa de Venezuela en 11 años. Siete millones de venezolanos han migrado en los últimos años para escapar del gobierno autoritario y la mala gestión económica de Maduro, y la mayoría de los que aún viven en el país están desesperados por restaurar la democracia y el crecimiento económico.

Muchos analistas esperan que Maduro simplemente emule al presidente nicaragüense Daniel Ortega y a su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo, quienes con aparente facilidad inhabilitaron y encarcelaron a todos los candidatos de oposición creíbles en las elecciones presidenciales de 2021 y posteriormente eliminaron cualquier atisbo de oposición política. Pero Venezuela tiene dinámicas que Nicaragua, ahora considerada una dictadura, no tenía: una líder nacional de oposición popular en Machado, un candidato en torno al cual los votantes se están uniendo en González, una sociedad civil robusta, un electorado movilizado y una comunidad internacional que sigue de cerca el proceso electoral.

Maduro podría lograr asegurar un resultado competitivo si la participación electoral se mantiene baja o, como teme la oposición, el régimen manipula los resultados en los sitios de votación de ubicaciones aisladas donde la campaña de González podría carecer de observadores. Pero si el gobierno no logra disminuir la participación de la oposición y Maduro pierde contundentemente las elecciones, al régimen le sería difícil simplemente ignorar el veredicto del pueblo utilizando tácticas legales para denegar la victoria de la oposición y desplegar las fuerzas de seguridad contra cualquier protesta para permanecer en el poder. En caso de una victoria clara y abrumadora de la oposición, ratificada por observadores electorales, multitudes de venezolanos estarían celebrando en las calles, y gobiernos de todo el mundo estarían felicitando a González y reconociéndolo como presidente electo. Mientras tanto, líderes democráticos regionales con lazos con Maduro, como los presidentes Gustavo Petro y Luiz Inácio "Lula" da Silva de Colombia y Brasil, respectivamente, estarían instando al presidente discretamente a aceptar el resultado e iniciar una transición.

Bajo esas circunstancias, sería muy arriesgado para Maduro intentar mantenerse en el poder. ¿Las fuerzas armadas venezolanas, aunque sean una institución politizada que sostiene el régimen, cumplirían órdenes de reprimir violentamente a los manifestantes de un presidente que acaba de ser rechazado rotundamente por la población? ¿Querrían los aliados del partido de Maduro, que buscan preservar un futuro político para sí mismos, someterse a sanciones internacionales y a la ira de la población venezolana por el bien de un líder odiado? O, por el contrario, la investigación actual de la Corte Penal Internacional sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen ¿Podría hacer que los comandantes militares, el personal de base y las élites políticas se lo piensen dos veces?

La verdad es que nadie lo sabe. El atractivo de mantener el poder, combinado con la animosidad contra la oposición política y el temor a la venganza, podría ser tan grande que el aparato político y militar del gobierno no dudaría en actuar para asegurar la supervivencia del régimen.

Pero ese enfoque podría resultar contraproducente para Maduro y sus aliados. La historia está llena de ejemplos del “poder del pueblo” superando a regímenes aparentemente indomables.

Por lo tanto, una represión por parte del régimen podría terminar haciendo más probable, en lugar de menos, que Maduro enfrente lo que más teme: un enjuiciamiento dentro de Venezuela, o bien en el exterior por el Departamento de Justicia de EE. UU. o la Corte Penal Internacional.

Maduro puede que aún no lo reconozca, pero estaría en su interés — sin mencionar el de los millones de venezolanos que quieren evitar más derramamiento de sangre y represión — aceptar el resultado electoral si pierde. Machado y González han señalado pública y privadamente que están preparados para negociar garantías para el régimen y asegurar que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) tenga un papel en una Venezuela democrática. La oposición entiende que, a pesar de la profunda impopularidad de Maduro, el movimiento iniciado por su predecesor, el expresidente Hugo Chávez, mantiene un apoyo significativo y que gobernar eficazmente requerirá reconciliación entre los partidarios y los opositores del régimen. Esto podría incluso ser una oportunidad para que el PSUV se convierta en un partido socialdemócrata convencional, similar a numerosos gobiernos de izquierda en las Américas y Europa.

Esto no quiere decir que negociar una transición sea fácil. Por el contrario, como muchos otros países han experimentado, hacer un equilibrio entre la justicia y el pragmatismo político puede ser doloroso. Las organizaciones de derechos humanos insistirán, con razón, en que no haya indultos para los abusos cometidos por el régimen, especialmente cuando se trata de crímenes de lesa humanidad. Los negociadores políticos sopesarán la búsqueda de justicia contra otros imperativos, como el control sobre las agencias gubernamentales y las fuerzas de seguridad.

Los EE. UU. también tendrán un papel que desempeñar en el avance de una transición democrática. Para facilitar las conversaciones, es probable que los negociadores de la oposición venezolana soliciten que la administración del presidente Joe Biden ofrezca acabar la recompensa del Departamento de Estado sobre Maduro así como, la acusación del Departamento de Justicia contra el líder venezolano y otros altos funcionarios por narcotráfico (lo que sería mas problemático).

Estas serían decisiones difíciles para Biden, pero son dilemas que la administración recibiría con agrado. Que unas elecciones aceptables en Venezuela sean todavía una posibilidad plausible se debe en gran parte al hábil uso de sanciones económicas y otros incentivos por parte de la administración, al sincronizar su diplomacia con países clave de la región. Ayudar a Maduro a entender que sus intereses pueden ser consistentes con los de sus enemigos podría hacer posible un resultado histórico en Venezuela este año.

Este artículo fue inicialmente publicado en World Politics Review.