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Continúa el conflicto en Colombia

El presidente Gustavo Petro ha prometido acelerar la aplicación en Colombia de un acuerdo de paz firmado hace seis años con el que fue en ese entonces el mayor grupo rebelde del país. De igual forma, su administración ha empezado a buscar acuerdos con otros grupos armados. Sin embargo, "el gobierno no puede hacer la paz solo", por lo que se necesita una iniciativa importante de la sociedad civil, dijo Mosquera Riascos en una entrevista. Mosquera Riascos viajó este mes a Washington desde su hogar en la violenta y empobrecida región costera del Pacífico colombiano, donde se reunió con funcionarios estadounidenses y profesionales de la construcción de paz enfocados en América Latina, tras haber recibido el año pasado el Premio de Mujeres Constructoras de Paz de USIP.

La lucha de Mosquera Riascos por la paz tiene resonancia mucho más allá de las fronteras de Colombia. Ayudar a Colombia a alcanzar una paz duradera es esencial para reducir la migración en toda América Latina, alimentada sobre todo por los conflictos violentos, la pobreza y la degradación medioambiental, así como para reducir el tráfico de drogas que se aprovecha de la inestabilidad de Colombia. Las autoridades estadounidenses contabilizaron a más de 125.000 colombianos entre las personas detenidas en la frontera sur de Estados Unidos en 2022, en comparación a los cerca de 6.000 del año anterior (2021).

En 2016, "tras la firma del acuerdo de paz" con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), "el mundo tuvo la impresión de que Colombia ya estaba en paz", dijo Mosquera Riascos a través de un intérprete. "Pero no podemos hablar de una Colombia 'posconflicto' porque los conflictos aún continúan".

La implementación del acuerdo se ha retrasado durante años, señaló. Las modestas mejoras en la gobernanza rural, junto con los programas de desarrollo y la distribución de tierras a las poblaciones rurales, debían estabilizar las empobrecidas comunidades rurales y ayudar a su población, incluyendo a los antiguos combatientes a buscar formas no violentas de obtener ingresos adecuados. Pero esos cambios se produjeron de una forma demasiado lenta y nunca contaron con todos los recursos necesarios.

"Después del acuerdo [de 2016], esperábamos que las instituciones del Estado vinieran a llenar los vacíos" de gobernabilidad en las regiones rurales donde las FARC habían gobernado, dijo Mosquera Riascos. En cambio, "muchos grupos armados diferentes han llenado esos vacíos", luchando por el territorio y el control del comercio ilegal que las FARC una vez dirigieron. La distribución de la tierra ha operado a la inversa en zonas donde los que tienen armas o dinero se han apoderado de las propiedades de los pequeños agricultores. Las batallas por el control rural han provocado un aumento de la deforestación, la violencia y el empobrecimiento de la Amazonia colombiana y de las regiones costeras del Pacífico.

La violencia en Colombia: Una visión desde la comunidad

Mosquera Riascos ayuda a dirigir una red llamada Comunidades Constructoras de Paz en Colombia (o CONPAZCOL) desde su región natal en la costa del Pacífico Colombiano. En las zonas rurales, los principales grupos armados de Colombia -el grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (o ELN), el paramilitar Clan del Golfo (también conocido como Gaitanistas) y facciones disidentes de las antiguas FARC- luchan por controlar las lucrativas rutas de contrabando de cocaína, de minerales extraídos ilícitamente o de otros recursos naturales, explicó Mosquera Riascos.

En la región que rodea su ciudad natal, Buenaventura, estos grupos armados "han confinado a comunidades enteras a lo largo de los ríos -muchas de estas indígenas- impidiéndoles salir a pescar o cultivar". Los combatientes han obligado a algunas comunidades a abandonar por completo la región, afirma. La violencia en Buenaventura incluye pandillas urbanas que buscan sacar provecho de la cocaína u otros productos de contrabando que pueden introducirse a través del puerto marítimo de la ciudad, uno de los más transitados de Colombia.

La región del Pacífico es el centro de la población negra de Colombia, descendientes de los antiguos esclavos africanos del país y de la pobreza que hace de Colombia "uno de los países más desiguales del mundo", según el Banco Mundial. Según Mosquera Riascos, los grupos armados amenazan o matan a civiles, muchos de ellos afrocolombianos, cuya tierra u obediencia quieren. Los pistoleros se llevan a personas "que simplemente desaparecen", afirmó.

El nuevo gobierno del Presidente Petro "ofrece muchas esperanzas de que ahora podamos avanzar más" hacia la paz, dijo Mosquera Riascos. Una señal de esa esperanza dijo, es que la Vicepresidenta Francia Márquez es una activista por el medio ambiente y los derechos humanos, y la primera afrocolombiana que ocupa un cargo tan alto. Los afrocolombianos apoyaron masivamente la elección de este gobierno el año pasado, señaló Mosquera Riascos. Junto con la región del Pacífico, están recibiendo una mayor atención, que Maria Eugenia espera se extienda al apoyo a los esfuerzos de los constructores de la paz comunitarios.

En busca de mejores estrategias para la paz

Para avanzar hacia la paz, el gobierno necesitará un amplio apoyo tanto de las organizaciones comunitarias colombianas como de sus socios internacionales, subrayó Mosquera Riascos. Una de las principales prioridades en los próximos meses debe ser un proceso nacional de diálogo entre las miles de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, afirmó. Los grupos que trabajan para construir la paz, la justicia, el Estado de derecho, el desarrollo económico, los derechos de los grupos étnicos marginados, las mujeres, las comunidades LGBTQ y las víctimas de la violencia de la guerra necesitan "unificar y sinergizar nuestras propuestas para trabajar con este gobierno", dijo. "Tenemos que ser capaces de decirle a la administración: 'somos la sociedad civil, y esta es nuestra propuesta para apoyar su programa y construir una paz real'. Eso puede ayudar a que los avances hacia la paz sean sostenibles".

Petro ha prometido buscar una "Paz Total" mediante acuerdos negociados con los grupos armados de todo el país. Una estimación reciente del gobierno colombiano contabilizaba cuatro grandes organizaciones y 23 bandas urbanas con más de 17.600 miembros, incluyendo a más de 7.000 combatientes activos. El gobierno de Petro inició rápidamente conversaciones de paz con el mayor grupo rebelde remanente, el Ejército de Liberación Nacional y ofreció una tregua de año nuevo con el paramilitar Clan del Golfo, que se dedica al narcotráfico y actúa como gobierno de facto en algunas regiones de Colombia. El gobierno suspendió la tregua al cabo de 11 semanas debido a los continuos ataques del grupo contra la policía.

Mosquera Riascos apoya el objetivo general del Gobierno, pero subraya que un esfuerzo demasiado amplio o poco centrado corre el riesgo de fracasar. Busca una estrategia calibrada para el amplio panorama de conflictos de Colombia, muchos de ellos localizados. En Washington, se reunió con organizaciones no gubernamentales y funcionarios estadounidenses enfocados en Colombia, instando a una estrategia que se centre primero en las regiones donde las condiciones son más propicias para el progreso, con capacidades estatales que refuercen a la sociedad civil y a los constructores de paz locales, un enfoque que ella denomina "paz integral".

¿Por qué poner a los constructores de paz locales al frente de este proceso? Mosquera Riascos dio ejemplos de cómo estos activistas pueden utilizar sus raíces locales para construir las iniciativas personalizadas necesarias para promover la paz en sus regiones, así como hacerlo a un coste menor que personas externas. Una de estas iniciativas, las Casas de Madre, ha construido seis centros de diálogo comunitarios en todo el país que acogen a representantes de grupos que son clave para la pacificación local y que, de otro modo, no tendrían un lugar seguro y organizado donde reunirse. Los proyectos locales de diálogo son vitales no sólo para sentar las bases de la paz, sino también para ofrecer una esperanza de mejores opciones a los jóvenes que son fácilmente reclutados por los grupos armados, afirmó Mosquera Riascos.

USIP también ha constatado durante décadas que los diálogos comunitarios son herramientas rentables para construir paz. Una serie de diálogos en zonas de Colombia anteriormente gobernadas por los rebeldes de las FARC ayudó a fortalecer la gobernanza en áreas que se enfrentaban a una creciente inseguridad y otros desafíos en medio de un relativo vacío de poder tras el acuerdo de paz de 2016. Líderes locales sociales y gubernamentales valientes y creativos están llevando a cabo proyectos de este tipo, que pueden reforzar las condiciones a favor de la paz, fortalecer el tejido social del país y la confianza en el gobierno.

Aunque Colombia necesita el liderazgo de sus comunidades para estabilizarse tras el conflicto armado más largo del hemisferio occidental, este proceso requerirá un apoyo amplio y sostenido de los Estados Unidos y otros socios internacionales, dijo Mosquera Riascos. Por un lado, el Gobierno de Colombia ya "no puede hacer frente a los costes [financieros] de los compromisos del acuerdo de paz de 2016", señaló.

La recepción del Presidente Petro en Washington el mes pasado, cuando se reunió con el Presidente Joe Biden, "fue extremadamente importante para nosotros", dijo Mosquera Riascos, "y necesitamos un fuerte apoyo diplomático para que el programa de paz continúe." Los presidentes "conversaron sobre las formas de construir la paz y también de proteger el medio ambiente", esfuerzos gemelos que deben avanzar a la par, dijo.

Las organizaciones internacionales deberían prestar más atención a los derechos humanos en Colombia, especialmente a las continuas amenazas y asesinatos de líderes sociales como ella, que se enfrentan a los grupos armados y a poderosos intereses. Según Mosquera Riascos, el reconocimiento internacional de los constructores de paz de primera línea, como el premio de USIP que recibió el año pasado, proporciona un "paraguas" de protección para las personas en situación de riesgo y facilita el apoyo económico y moral a su trabajo. En especial, añadió, los aliados de Colombia deben mantener su apoyo a los enérgicos esfuerzos de construcción de paz liderados por las mujeres del país. Las mujeres lucharon durante años para lograr un nivel de reconocimiento e influencia sin precedentes en el proceso de construcción de paz en Colombia, que se ha convertido en un modelo para otros países en conflicto.