Las autoridades indígenas de Totonicapán, municipio en el Altiplano Occidental,  han sido reconocidas ampliamente por preservar su identidad Maya K'iche con la misma intensidad con la que protegen los bosques de pino de la tala ilegal que amenaza los recursos acuíferos y la vida silvestre. Conocidos como los 48 Cantones por las docenas de pequeñas comunidades que lo componen, el gobierno indígena de "Toto" ha logrado mantener sus propias instituciones locales basadas en el derecho consuetudinario y el servicio comunitario, a pesar de la agitada historia postcolonial guatemalteca, caracterizada por la explotación, la dictadura y la guerra civil. Aunque son fervientes defensores de los derechos e intereses indígenas, los 48 Cantones rara vez han buscado influir en la política nacional guatemalteca.

No obstante el 1 de octubre, el presidente de los 48 Cantones, Luis Pacheco, anunció un paro nacional indefinido exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien los líderes indígenas acusan de intentar revertir la victoria de Arévalo en las elecciones presidenciales del 20 de agosto, en la cual ganó con un margen decisivo de 24 puntos. Porras, quien está sancionada por Estados Unidos por obstaculizar investigaciones previas contra la corrupción en Guatemala, inició investigaciones contra el partido de Arévalo y el proceso electoral, incautando urnas en un desafío sin precedentes al Tribunal Supremo Electoral, que ya había certificado el resultado de las elecciones. Arévalo calificó dichas acciones como un "golpe de estado en cámara lenta".

A los totonicapenses pronto se les unieron líderes indígenas de todo el país, incluyendo autoridades de los municipios de Sololá, Nebaj, Chichicastenango, y del Parlamento Xinka, que representa a los pueblos indígenas no mayas del sureste de Guatemala. Mientras los manifestantes indígenas bloqueaban las carreteras rurales, los manifestantes en las ciudades tomaron muchas calles. En la Ciudad de Guatemala, estudiantes, activistas y grupos vecinales convirtieron algunos bloqueos en fiestas callejeras, con música, baile e incluso sesiones improvisadas de yoga, mientras pedían la destitución de la fiscal general.

Las manifestaciones han afectado fuertemente a la economía guatemalteca, especialmente al sector formal. Según el grupo comercial Agroexport, las pérdidas de los exportadores por los bloqueos de carreteras ascienden a alrededor de 366 millones de dólares. El gobierno ha solicitado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) que medie entre el gobierno y los líderes de las protestas, aunque el presidente saliente, Alejandro Giammattei, afirmó que no tiene el poder para destituir a Porras.

Por su parte, los líderes indígenas tampoco muestran ninguna señal de retroceder, dejando claro que no responden a ningún partido político ni a líderes, incluyendo al presidente electo. "Incluso si Arévalo nos pide que detengamos las protestas, no lo haremos", dijo Pacheco. "Cualquier negociación es entre los pueblos indígenas y el gobierno".

Defendiendo una Elección

El inesperado ascenso de Arévalo al segundo lugar en las elecciones generales de junio, seguido de su victoria abrumadora en la segunda vuelta de agosto, parecía anunciar una "primavera democrática" en un país afectado por la corrupción, la violencia criminal y la pobreza generalizada. Durante la campaña de 2023, el gobierno excluyó sistemáticamente a los candidatos de oposición, ignorando a Arévalo al tener pocas probabilidades de ganar.

Al ser hijo de un presidente reformista que gobernó durante un breve interludio democrático en la década de 1940, Arévalo, un exdiplomático con experiencia en construcción de paz a nivel internacional, gozaba de un alto prestigio. Sin embargo, su partido, el Movimiento Semilla, parecía poco probable que se expandiera más allá de una pequeña base de votantes urbanos y de centroizquierda en un país de mayoría conservadora. Su campaña quijotesca se centraba en desmantelar el llamado "pacto de corruptos", una red de intermediarios clientelistas y empresarios corruptos que han dominado la política guatemalteca durante mucho tiempo.

Sin embargo, la plataforma anticorrupción de Arévalo resonó con los votantes cansados de este flagelo sistemático que ha desviado dinero de la educación pública, la seguridad, la salud y la infraestructura, alimentando la migración guatemalteca en busca de un futuro mejor en Estados Unidos. Los jóvenes votantes urbanos contribuyeron a generar entusiasmo por su campaña, y en la última vuelta electoral, se sumó un creciente apoyo del interior empobrecido del país.

Aunque casi la mitad de la población de Guatemala se identifica como indígena, ésta ha permanecido marginada a nivel político, económico y cultural. Divididos en más de 20 comunidades con dialectos distintos, los grupos indígenas tienden a centrarse en preocupaciones locales e inmediatas, como el impacto ambiental y social de proyectos extractivos o el acceso de la comunidad a electricidad accesible.

El Banco Mundial clasifica a Guatemala, que cuenta con la población y la economía más grandes de América Central, como un país de ingresos medios-altos de acuerdo con su PIB per cápita ($4,603 en 2020). Sin embargo, más de la mitad de la población califica como pobre, que apenas sobrevive con alrededor de US$2.15 al día. Guatemala también sufre algunas de las tasas más altas de desnutrición infantil en el mundo. En los municipios más afectados, que tienden a ser rurales e indígenas, el retraso en el crecimiento afecta al 90 por ciento de los niños menores de cinco años.

No obstante, los líderes indígenas optaron por lanzar una campaña nacional a favor de la democracia, evitando temas divisivos como la falta de ingresos y la desigualdad. "Los grupos ancestrales, que fueron los primeros en iniciar esta protesta social, han sido bastante astutos", dijo Álvaro Pop, ex presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, en declaraciones a USIP.  Ellos se están centrando "sólo en demandas específicas relacionadas con la crisis política, sin incluir necesidades socioeconómicas que podrían salpicar los objetivos de la huelga".

Es poco probable que los líderes indígenas que ahora están utilizando su influencia política vuelvan al status quo anterior.  Según Irma Alicia Velásquez Nimatuj, una antropóloga y periodista maya K'iche, "estas organizaciones, estos colectivos, ahora van a hacer que Giammattei pague [por su negligencia]. [Ellos] están demostrando que tan importantes son y que tan equivocado ha estado el presidente al no tomarlos en cuenta".

Los Riesgos de la Violencia

Es sorprendente que, en un país conocido por sus altas tasas de violencia criminal, las manifestaciones han sido en su mayoría pacíficas y bien organizadas, permitiendo el paso de vehículos de emergencia y alimentos. Aunque la policía antidisturbios ha utilizado gas lacrimógeno en varias ocasiones para despejar carreteras e impedir el vandalismo en el centro de la Ciudad de Guatemala, que tanto las  autoridades como los líderes de las protestas atribuyeron a infiltrados, las fuerzas de seguridad en su mayoría han mostrado moderación.

No obstante, esa paciencia podría estar llegando a su fin. El Ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, renunció el pasado 17 de octubre después que la fiscal general Porras solicitara su destitución. Barrientos se había resistido a los llamados para desalojar por la fuerza a los manifestantes, subrayando que prefería el diálogo en lugar de la confrontación.

También como un recordatorio fatídico de la violencia y el crimen organizado en Guatemala, hombres armados no identificados dispararon tanto contra manifestantes como contra la policía, matando a una persona en el municipio de Malacatán, cerca de la frontera con México, zona conocida por el tráfico de drogas y migrantes.

Dicha violencia podría servir como pretexto para una represión que podría poner en peligro la transferencia de poder a Arévalo en enero. Sin embargo, el uso de la fuerza contra las manifestaciones en su mayoría pacíficas, especialmente aquellas lideradas por los pueblos indígenas, corre el riesgo de encender la violencia en un país que apenas surgió de una sangrienta guerra civil de 36 años a mediados de la década de los noventa.

También podría obligar aún a más guatemaltecos a embarcarse en el peligroso viaje a través de México con dirección a Estados Unidos. La falta de esperanza de un futuro mejor envía oleadas de migrantes hacia el norte cada año. Tan solo en agosto, agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos interceptaron a casi 38,000 guatemaltecos en la frontera, la mayoría de los cuales viajaban en familia.

No sólo hay mucho en juego para Guatemala, sino también para América Latina. Tanto el gobierno de los Estados Unidos como la OEA han hecho llamados a favor de una transferencia pacífica de poder en enero. Ambos han condenado los intentos de las autoridades judiciales, que incluyen la incautación de urnas electorales, de socavar la legitimidad de unas elecciones consideradas libres y justas por observadores locales e internacionales.

El apoyo continuo y proactivo de Estados Unidos y otros actores internacionales, tanto de manera pública como privada, es esencial para proteger la democracia guatemalteca. El gobierno estadounidense ya ha sancionado a actores clave, incluyendo a la fiscal general y al fiscal anticorrupción. quien lidera las investigaciones sobre Semilla y el proceso electoral. Algunos expertos en Guatemala, como el exembajador de Estados Unidos, Stephen McFarland, argumentan que además de cancelar visas, Estados Unidos debería considerar el uso de la Ley Magnitsky para congelar los activos en Estados Unidos de aquellos responsables de violaciones de derechos humanos o actos de corrupción significativos.

Los propios guatemaltecos están desempeñando un rol clave en la defensa de los resultados electorales y la inauguración de Arévalo el 14 de enero. Su futuro político depende en gran medida de su propia persistencia, paciencia y compromiso con la protesta pacífica, especialmente entre los ciudadanos más pobres e históricamente marginados del país, incluyendo las autoridades indígenas de los famosos 48 Cantones de Totonicapán.

Lucila Del Aguila es una Oficial Senior de Programa para el Programa de América Latina de USIP.