IDEAS PRINCIPALES
IDEAS PRINCIPALES
Días después de acusar a Estados Unidos de presionar a las fuerzas armadas hondureñas para destituirla de su cargo, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo a cientos de seguidores a mediados de septiembre que no permitiría “otro golpe de Estado” en Honduras. Su esposo, Manuel Zelaya, fue destituido en un golpe militar en el 2009. Castro afirmó que el tratado de extradición de 112 años entre EE.UU. y Honduras fue el instrumento que EE.UU. usó para coaccionar a los militares en tal complot, justificando su decisión de terminar unilateralmente el tratado.
Las acusaciones de Castro contra el ejército hondureño son un ejemplo de la creciente desconfianza en las instituciones que podrían desencadenar la violencia política en el país. Al acercarse las elecciones del 2025, el estancamiento político y la degradación institucional podrían allanar el camino para el surgimiento de movimientos populistas y un aumento de la violencia electoral. Es vital que Honduras, con ayuda de socios internacionales, canalice la energía del ciclo electoral hacia un rumbo pacífico que pueda restaurar la confianza en las instituciones del país y conducir a una democracia fortalecida.
El gobierno hondureño ha acusado a organizaciones locales —que están rastreando acusaciones de corrupción y nepotismo contra la administración de Castro— de participar en un complot desestabilizador debido a su relación de trabajo con la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional. Castro también ha atacado a sus oponentes en el Congreso hondureño, los partidos Liberal y Nacional, acusándolos de conspirar contra su gobierno mediante la instrumentalización de las instituciones electorales para inclinar el balance en contra de su partido.
Las acusaciones de Castro sobre el golpe llegaron poco después de que el sitio de investigación InSight Crime publicara un video en el que su cuñado y diputado, Carlos Zelaya, negociaba con narcotraficantes una "donación" de $650,000 para su campaña presidencial de 2013. El video parecía confirmar lo que la mayoría de los hondureños sospechaba desde la extradición a EE.UU. del expresidente Juan Orlando Hernández en 2022: el crimen organizado es un elemento central de la política hondureña. El escándalo también golpeó al corazón de la administración de Castro, que llegó al poder prometiendo una purga del sistema corrupto y una “refundación” del país bajo los principios de libertad y justicia social.
Tanto el video como las acusaciones de golpe de la presidenta contribuyen a una creciente desconfianza en las instituciones hondureñas y su capacidad para resolver disputas políticas o proporcionar justicia de manera imparcial. Las acusaciones de Castro caracterizan a su movimiento político, que percibe a las instituciones como injustas, excluyentes y controladas por “élites”. El video representa evidencia de la captura del Estado en el país, donde las organizaciones de narcotráfico comprometen los procesos políticos para garantizar impunidad y proporcionar un espacio seguro para sus operaciones.
A pesar de la inestabilidad política generada por las acusaciones de golpe de estado y el video, incluyendo la renuncia del hijo de Carlos Zelaya como ministro de defensa, los hondureños no han salido a las calles ni se han movilizado en contra del statu quo. Por el contrario, encuestas recientes muestran que el 78% de los hondureños tiene poco o ningún interés en la política. En lugar de preocuparse por la corrupción, el narcotráfico o un golpe de estado, los ciudadanos están más enfocados en el estado de la economía y la seguridad pública. Este nivel de desconexión entre el discurso político nacional y las verdaderas necesidades de la población no es exclusivo de Honduras. En todo el hemisferio, los latinoamericanos están cada vez más desilusionados con sus democracias y más abiertos a aceptar formas de gobierno más autoritarias si estas parecen ofrecer mayor seguridad y beneficios económicos.
La elección de Castro en 2021 representó un evento histórico en la política hondureña, marcando un regreso simbólico al proyecto político iniciado por su esposo. Se esperaba que la primera presidenta de Honduras reconstruyera un “Estado socialista y democrático” degradado durante la administración de su predecesor. Sus primeros meses en el cargo se definieron por un tono conciliador, de una revolución no provocada por presión en las calles, sino como resultado de un proceso de diálogo entre el gobierno de izquierda y actores clave como el sector privado y la oposición en el Congreso.
La coalición que llevó a Castro al poder se desmoronó rápidamente… [y] el Congreso se enfrascó rápidamente en un juego de suma cero que condujo a un estancamiento legislativo total.
Sin embargo, la luna de miel fue breve: la coalición que llevó a Castro al poder se desmoronó rápidamente en el Congreso, lo que llevó a la fragmentación de su escasa mayoría y requirió votos adicionales de los partidos tradicionales Liberal y Nacional para aprobar leyes clave. En lugar de avanzar en un marco para desarrollar una agenda nacional, el Congreso se enfrascó rápidamente en un juego de suma cero que condujo a un estancamiento legislativo y a una relación cada vez más confrontativa con el poder ejecutivo. Las elecciones clave en el Congreso para el nombramiento de una nueva Corte Suprema y un nuevo Fiscal General estuvieron marcadas por irregularidades significativas: los magistrados de la Corte Suprema fueron finalmente elegidos para reflejar la proporción de escaños de cada partido, y el fiscal general fue inicialmente elegido por una comisión ad-hoc poco conocida, controlada por el partido gobernante, Libre.
Estas importantes instituciones de justicia fueron elegidas en medio de enfrentamientos políticos dirigidos a eliminar cualquier influencia del adversario en estos organismos. Sin embargo, estos esfuerzos lograron eventualmente lo contrario, trasladando la polarización política a otras ramas del gobierno y reforzando la politización del sector de justicia. La oposición argumenta que el nombramiento de un fiscal general, visto como controlado por Libre, ejemplifica el mal uso de la justicia. Por el contrario, el gobierno sostiene que la predominancia de magistrados de los partidos Liberal y Nacional en las cortes más altas y en la comisión electoral demuestra un sesgo institucional en su contra. Esto ha resultado en un círculo vicioso en el que ni el gobierno ni la oposición ven las instituciones que establecieron como legítimas para resolver disputas, lo que los lleva a buscar medios extra-democráticos para alcanzar sus objetivos.
La confrontación política, en aumento desde el 2021, entrará en una nueva etapa en el 2025 cuando Honduras se embarque en un megaciclo electoral, eligiendo a un nuevo presidente, un Congreso, 298 alcaldes y 20 miembros del Parlamento Centroamericano. En el contexto actual, los actores políticos ven las elecciones como la herramienta más importante para afianzar su control sobre los resortes del poder y debilitar a sus oponentes tanto como sea posible. En las últimas elecciones generales del 2021, dinámicas confrontativas similares llevaron a un aumento de la violencia política y la intimidación de votantes, con la Universidad Nacional de Honduras documentando 64 casos de violencia electoral —incluyendo 27 asesinatos— entre octubre del 2020 y noviembre del 2021.
La desinformación en las redes sociales, la propagación de mensajes violentos en los medios tradicionales y el aumento de ataques personales contra los oponentes contribuyeron al incremento de la violencia en la antesala del día de las elecciones. Cuentas falsas en las redes sociales compartieron contenido de sitios web con nombres que se parecían a los de medios de noticias legítimos, como Central American Post o Universal Noticias. El verificador de hechos local Honduras Verifica encontró 180 cuentas de Facebook que difundían 400 mensajes de desinformación diariamente en 2021.
Hace cuatro años, las misiones de observación electoral recomendaron una serie de reformas electorales, incluyendo el fortalecimiento de la independencia y la transparencia de las instituciones electorales, la mejora del registro de votantes y la garantía de una transmisión justa de los resultados. También enfatizaron la necesidad de aumentar la participación de mujeres y grupos marginados, una mejor comunicación por parte de las autoridades electorales y una capacitación mejorada para el personal electoral. Sin embargo, el estancamiento en el Congreso significó que ninguna de estas reformas se implementó, y las mismas condiciones estructurales que llevaron a la violencia en el 2021 probablemente catalizarán una confrontación severa entre el partido Libre de Castro y la oposición. El propio movimiento de Castro también podría enfrentar turbulencias, ya que grupos disidentes han comenzado a formarse en los últimos meses.
Aun así, los actores políticos hondureños, las instituciones locales y los aliados internacionales tienen una ventana de oportunidad para mitigar los efectos nefastos de la política confrontativa y polarizada, y trazar un camino pacífico y democrático para el país. Los socios internacionales podrían apoyar a las organizaciones que rastrean la desinformación y los mensajes de odio para fortalecer la capacidad local de identificar y contrarrestar a tiempo las narrativas violentas. Será necesario el apoyo adicional de empresas de redes sociales como Meta —propietaria de Facebook, WhatsApp e Instagram—, TikTok y X, para que la sociedad civil hondureña y sus autoridades electorales puedan evitar que la desinformación se convierta en violencia real en el terreno.
Bajo la legislación actual, las mesas de votación son gestionadas por representantes de los partidos políticos participantes. Sin embargo, estos cargos están dominados en última instancia por los tres principales partidos, ya que los partidos más pequeños a menudo ceden sus roles debido a acuerdos de coalición o a su limitada capacidad para desplegar personal. En algunos casos durante las elecciones de 2021, esto resultó en que un solo partido controlara ciertas mesas de votación. La observación electoral por parte de ONGs hondureñas locales de confianza y de socios internacionales, como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea, será clave para disuadir potencialmente a las mesas sobrerrepresentadas de tergiversar los resultados y aliviar los temores de los partidos pequeños y de oposición sobre la manipulación de votos.
Aunque la violencia electoral es una amenaza significativa y la degradación democrática es en efecto una tendencia preocupante en la región, estos desafíos no son en absoluto insuperables.
Serán necesarios esfuerzos adicionales para rastrear la posible violencia electoral y política a nivel municipal, donde es más probable que las organizaciones criminales transnacionales intenten capturar el proceso, lo que dificultará que el gobierno nacional supere los desafíos históricos y estructurales para garantizar seguridad y justicia en estas comunidades. Los departamentos con mayores reportes de homicidios relacionados con la política durante las últimas elecciones incluyeron Cortés, Olancho, Yoro y Francisco Morazán, regiones donde los distritos competitivos se superponen con una fuerte presencia criminal, alta actividad económica y una débil presencia estatal en las zonas rurales. Las autoridades locales y nacionales, apoyadas por socios internacionales y de la sociedad civil, tienen tiempo para preparar estrategias de prevención de violencia dirigidas basadas en datos en estas regiones.
Aunque la violencia electoral es una amenaza significativa y la degradación democrática es en efecto una tendencia preocupante en la región, estos desafíos no son en absoluto insuperables. El país vecino de Centroamérica, Guatemala, se recuperó de sus controvertidas elecciones de 2023 con una ciudadanía esperanzada en una renovada primavera democrática capaz de fortalecer la justicia mientras ofrece dividendos sociales para su sociedad. Los hondureños aún tienen tiempo para hacer de las elecciones del próximo año su momento decisivo para construir una democracia más fuerte, inclusiva y receptiva.
Dany Díaz Mejía es el representante en Honduras del Programa de América Latina de USIP.
Ana María Suárez, pasante del Programa de Colombia del USIP con sede en Bogotá, contribuyó con la investigación para este artículo.