Una historia de consenso sobre la política exterior estadounidense hacia América Latina

La política exterior estadounidense en las Américas se ha caracterizado usualmente por el bipartidismo. En las últimas décadas, los demócratas respaldaron los esfuerzos diplomáticos de la administración de George H.W. Bush que ayudaron a poner fin a las guerras civiles en América Central; los acuerdos comerciales de América del Norte y Estados Unidos-México-Canadá fueron aprobados cada uno con un marcado voto bipartidista en el Congreso; El Plan Colombia, que redujo el narcotráfico y debilitó la insurgencia armada, se ha implementado en cinco presidencias de EE. UU.; y ambos partidos han apoyado programas de desarrollo para abordar las causas profundas de la emigración en Centroamérica.

También en Venezuela, republicanos y demócratas en general han encontrado una causa común, sonando la alarma juntos cuando los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro desmantelaron las instituciones democráticas del país, se involucraron en el narcotráfico, se aliaron con regímenes incendiarios y crearon una calamidad económica que ha llevado a más de 7 millones venezolanos a salir de su país. En 2015, el presidente Obama emitió una orden ejecutiva sobre la “amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional” que representa Venezuela y su administración sentó las bases para las sanciones impuestas a los funcionarios venezolanos por parte de la administración Trump. Los demócratas apoyaron en gran medida la táctica de Trump de reconocer al líder de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela y ampliar las sanciones a la economía del país.

Hoy, la mayoría de los miembros del Congreso están de acuerdo en usar las sanciones como una palanca para inducir al régimen de Maduro a entablar negociaciones genuinas con la oposición y mejorar las condiciones de las elecciones presidenciales de 2024. Existe un amplio apoyo para negar a Maduro la legitimidad internacional que anhela y el financiamiento que necesita su gobierno, a menos que se celebren elecciones legítimas.

Las elecciones son el camino a seguir

En la medida en que ha habido diferencias sobre la política de EE. UU. hacia Venezuela, han reflejado en gran medida diferencias tácticas de opinión dentro de la oposición venezolana, a saber, si participar en elecciones en condiciones injustas y cómo calibrar las sanciones para presionar al régimen. Pero hoy, existe casi unanimidad entre la oposición sobre el camino político a seguir: celebrar una primaria en octubre para seleccionar un abanderado para las elecciones presidenciales del próximo año y negociar con el régimen mejores condiciones electorales.

Naturalmente, existe un amplio escepticismo sobre las posibilidades reales de que régimen celebre elecciones que puedan amenazar su poder. Pero ahora también existe un acuerdo generalizado que las sanciones por sí solas no derrocarán al régimen, que las protestas callejeras han seguido su curso en gran medida y que las fisuras en las fuerzas armadas no son suficientes para producir un cambio político. Además, la oposición democrática ha disfrutado de un éxito notable en elecciones recientes, incluso en las elecciones regionales de 2021, cuando los partidos alineados con la oposición obtuvieron la mayoría de los votos en todo el país.

La oposición está dejando de lado sus diferencias internas en preparación a las elecciones presidenciales. Ambos partidos, tanto el Demócrata como el Republicano, deben apoyar su decisión de competir en las elecciones y respaldar políticas y programas que maximicen la probabilidad de que las elecciones conlleven a una apertura democrática. Eso significa enviar un mensaje unido a la oposición de que, a pesar de cualquier duda sobre las probabilidades de éxito, Estados Unidos respalda la decisión de escoger la ruta electoral como medio para promover la democracia en Venezuela.

Frente al régimen de Maduro, el Congreso debe dejar en claro que Estados Unidos levantará gradualmente las sanciones en respuesta a pasos positivos, como la liberación de los presos políticos, el anuncio de una fecha fija para las elecciones presidenciales y el levantamiento de las prohibiciones sobre el derecho de algunas figuras de la oposición a postularse para cargos públicos.

Al mismo tiempo, ambos partidos deben enfatizar que las sanciones levantadas pueden volver a imponerse si el gobierno no se involucra seriamente en negociaciones con la oposición o toma medidas regresivas, como aprobar una propuesta de ley que pondría a las ONG independientes en peligro.

Lo que Washington puede hacer

El Congreso debe tener en cuenta varios puntos clave. Primero, la elección de gobiernos de izquierda en Colombia y Brasil no necesariamente socava la causa democrática en Venezuela, por el contrario, puede incluso fortalecerla dada la influencia que los nuevos presidentes podrían tener en el régimen de Maduro.

En segundo lugar, algunos miembros del Congreso podrían estar bien posicionados para interactuar constructivamente con el régimen de Maduro. Si bien el Grupo de Boston, una reunión informal de legisladores de Estados Unidos y Venezuela, se disolvió hace mucho tiempo como un foro bilateral, algunos de los ex participantes estadounidenses mantienen contacto con sus homólogos venezolanos. La liberación en 2018 de Joshua Holt, un estadounidense encarcelado injustamente en Venezuela, se produjo gracias a la diplomacia silenciosa de los republicanos en el Capitolio.

Tercero, el apoyo tangible al pueblo venezolano debe continuar. El Congreso ha apoyado firmemente la asistencia humanitaria que Estados Unidos ha brindado hasta la fecha, lo que lo convierte en el mayor país donante para venezolanos dentro y fuera del país. El Congreso debería respaldar los esfuerzos para implementar el acuerdo humanitario alcanzado por el régimen y la oposición para destinar miles de millones de dólares en activos congelados a los programas sociales de la ONU en Venezuela.

Finalmente, el Congreso también debe ponerse de acuerdo sobre la necesidad de un apoyo permanente a los defensores de la democracia en Venezuela. Washington puede brindar apoyo logístico a la oposición para organizar unas primarias exitosas, recursos para mantener vivos a los medios independientes y combatir la desinformación, así como asistencia a los grupos de la sociedad civil para monitorear y educar a los votantes sobre el proceso electoral. El régimen de Maduro seguramente denunciaría tal asistencia como una intromisión, pero Washington debería permitir que sean los activistas locales quienes estudien independientemente los beneficios y riesgos de recibir apoyo del extranjero.

El asunto más difícil de resolver para los funcionarios estadounidenses será el de las garantías para los funcionarios del régimen en caso de que la oposición gane las elecciones presidenciales. Maduro y otros altos funcionarios han cometido crímenes de lesa humanidad, según lo documentado por investigadores de la ONU, así como también Maduro y otros altos funcionarios han sido acusados ​​en Estados Unidos de narcotráfico y corrupción.

Sin embargo, en última instancia, Washington debería aceptar dejar que los venezolanos mismos sean los que rinden justicia. Las figuras de la oposición que negociarían cualquier forma de justicia modificada son las propias víctimas y los líderes de la sociedad civil hablarán al respecto. Estados Unidos debería estar listo para ceder a favor de los acuerdos hechos entre venezolanos.

Contemplar tales asuntos puede parecer una fantasía. Las alternativas, sin embargo, serian insistir en los enfoques fallidos del pasado o aceptar un estado autocrático. Millones de venezolanos estarán en la primera línea de esta lucha. Merecen el respaldo unificado de los Estados Unidos.

Juan Cruz, un veterano de 35 años del gobierno de los EE. UU., es asesor senior en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Mark Feierstein es asesor sénior en Dentons Global Advisors-Albright Stonebridge Group y el Instituto de Paz de los EE. UU. Trabajaron en las administraciones de Obama y Trump, como asistente especial del presidente y director senior de Asuntos del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional respectivamente.