IDEAS PRINCIPALES
IDEAS PRINCIPALES
El 15 de septiembre entró en vigor una de las reformas constitucionales más importantes y controvertidas del entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: aquella que establece que los futuros jueces serán elegidos por voto popular. Después de dos intentos fallidos para aprobarla, López Obrador, conocido coloquialmente como AMLO, aprovechó las victorias electorales de su partido Morena a principios de este año. Estos triunfos le dieron el control de la Cámara de Diputados, una mayoría casi calificada en el Senado y el dominio en la mayoría de las gubernaturas y legislaturas estatales. Lo anterior aseguró la continuidad de su proyecto con su protegida, Claudia Sheinbaum, quien asumió en octubre como la primera presidenta de México.
La aprobación de la reforma ha establecido una hoja de ruta que culminará el 1 de junio de 2025, cuando los mexicanos votarán para elegir a 1,500 nuevos jueces, desde magistrados de la Suprema Corte hasta jueces de distrito. Esta elección marcará el inicio de una transformación judicial significativa, con hasta 7,000 jueces que serán elegidos por voto popular para 2027. Sin embargo, la idea de las elecciones judiciales no es nueva en América Latina: Bolivia implementó este modelo en 2009 bajo el mandato del presidente Evo Morales, celebrando sus primeras elecciones judiciales en 2011, seguidas de nuevos sufragios en 2017 y un próximo periodo electoral en diciembre de 2024. Estas elecciones han generado un historial lo suficientemente amplio como para comprender el impacto significativo de este tipo de reformas no sólo en sus respectivas instituciones, sino también en sus sociedades y culturas políticas.
Las elecciones judiciales en México podrían, de forma inadvertida, socavar la independencia y la rendición de cuentas que buscan establecer.
Las elecciones judiciales en México podrían, de forma inadvertida, socavar la misma independencia y rendición de cuentas que buscan establecer. Aunque se presenta como una reforma democrática, la elección de jueces podría intensificar la interferencia política y erosionar la confianza pública en el sistema judicial. La experiencia de Bolivia, caracterizada por una creciente politización y un escepticismo generalizado, ofrece un cauteloso precedente para México. En ambos contextos, la elección de jueces por voto popular podría exponer al poder judicial a influencias políticas y criminales, comprometiendo así la imparcialidad y la integridad institucional. Por lo tanto, estas reformas podrían profundizar, en lugar de aliviar, los desafíos existentes no sólo para sistemas judiciales caracterizados por su ineficiencia y baja confianza, sino también para democracias frágiles como México y Bolivia.
A pesar de las amplias protestas nacionales y huelgas de jueces, magistrados y funcionarios judiciales, el 11 de septiembre, el Congreso de México aprobó por un estrecho margen la controvertida reforma judicial de López Obrador, con apenas un voto de diferencia en el Senado. Previamente, Morena había logrado aprobar esta reforma por mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Además de establecer elecciones judiciales, la reforma también reduce el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a nueve así como su periodo en el cargo, de 15 a 12 años, y crea un nuevo tribunal de disciplina judicial que, según los críticos, podría colocar a los jueces bajo control político.
López Obrador y sus seguidores sostienen que la elección directa de jueces y magistrados federales erradicaría la corrupción y el elitismo en los tribunales, permitiendo un sistema de justicia austero e independiente, sin influencias de intereses privados. Como describió el expresidente al anunciar su iniciativa: “jueces, magistrados y ministros deben ser elegidos por voto directo del pueblo, sólo el pueblo puede salvar al pueblo.” Sin embargo, los críticos argumentan que la reforma judicial es más bien un acto de represalia: la Suprema Corte de Justicia frenó muchas de las reformas emblemáticas de López Obrador sobre energía, instituciones electorales y control militar de la Guardia Nacional civil, declarándolas inconstitucionales.
Bajo el nuevo sistema, los candidatos a cargos judiciales sólo necesitan ser abogados con cinco años de experiencia y presentar cinco cartas de recomendación. Los candidatos son preseleccionados mediante un sorteo, tras el cual los poderes ejecutivo, legislativo y judicial proponen la lista final de candidatos. Este sistema elimina el proceso meritocrático que anteriormente era el camino para ascender en la rama judicial, y permite que los órganos políticos tengan un mayor control sobre los nombramientos judiciales. En consecuencia, cualquier abogado mexicano, independientemente de su experiencia, podría convertirse en juez. Aunque el sistema pretende ser inclusivo, aumenta los riesgos de corrupción, influencia política y, hasta posiblemente, interferencia del crimen organizado. La falta de experiencia entre los jueces podría derivar en decisiones influenciadas por presiones políticas en lugar de evaluaciones imparciales de la ley y los mismos hechos.
Esta incertidumbre judicial también podría afectar al sector privado y a la inversión extranjera si empiezan a surgir dudas sobre la independencia del sistema judicial. El Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó en varias ocasiones que la reforma afectaría no sólo la democracia mexicana, sino también "la histórica relación comercial" entre México y Estados Unidos. Los activistas de derechos humanos también estarían más expuestos a la impunidad y el abuso, y contarían con menos acceso a una justicia imparcial y justa. Las reformas ya provocaron un choque —y una posible crisis constitucional— entre los poderes legislativo y judicial. La Suprema Corte había planeado declarar la nueva ley inconstitucional, y en represalia, el Congreso decidió debatir una iniciativa para rescindir la autoridad de la corte para revisar las leyes. Sin embargo, con el voto del magistrado Alberto Pérez Dayán, quien decidió alinearse con los jueces designados por AMLO y rechazar la propuesta, la reforma judicial sobrevivió. No obstante, el Congreso votó a favor de la supremacía constitucional limitando aún más el poder del poder judicial, y además blindando la nueva reforma ante cualquier otro intento por parte de la Suprema Corte para invalidarla.
La reforma judicial de Bolivia surgió como parte de una amplia transformación estatal durante la administración de Evo Morales (2006–2019). Una nueva constitución convirtió a Bolivia en un "estado plurinacional", reflejando su diversidad cultural y abordando las desigualdades históricas derivadas de la época colonial. Esta reforma estableció nuevas instituciones, como el "Tribunal Nacional Agrario", y reestructuró la Corte Suprema y la Corte Constitucional, así como también al Consejo de la Judicatura. El gobierno propuso elecciones judiciales para aumentar la legitimidad de un sistema percibido como corrupto, ineficiente y poco representativo de la diversidad étnica boliviana. Al igual que los esfuerzos recientes en México, estas elecciones tenían como objetivo aumentar la confianza en el sistema judicial. Las reformas buscaban crear un sistema de justicia más alineado con la identidad multicultural de Bolivia.
En 2011, los bolivianos votaron por primera vez por nuevos magistrados, después de dos años de preparación para las elecciones, las cuales fueron consideradas procedimentalmente libres y justas, pero marcadas por una baja participación. La Constitución prohibió que los candidatos judiciales hicieran campaña, dejando a las autoridades electorales la responsabilidad de informar a los votantes sobre las cualificaciones de los candidatos. Esta restricción llevó a un proceso que carecía de debate democrático y de una exposición suficiente de los candidatos para tomar decisiones informadas. Estudios sobre las elecciones de 2011 y 2017 revelaron que las posiciones de los candidatos en la boleta, y no sus plataformas, fueron factores clave en los resultados de las elecciones. Específicamente, en 2011, los candidatos que aparecían primero en la boleta, y en 2017, los que estaban en el cuadrante superior izquierdo fueron los que recibieron más votos.
Los principales desafíos de las elecciones judiciales fueron más allá del día de la elección, que se dieron problemas significativos durante el proceso de preselección de candidatos en el Congreso. En Bolivia, los legisladores llevan a cabo un proceso de preselección para asegurar la representación de los departamentos, las mujeres y las comunidades indígenas, así como la integridad moral de los candidatos, un paso replicado en México. Sin embargo, el partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS), ha mantenido una hegemonía electoral desde 2005, lo que ha llevado a los grupos de oposición a ver las listas de candidatos como sesgadas a favor de aquellos legisladores leales al gobierno. Esta percepción de interferencia política ha fomentado desconfianza, socavando mismo el objetivo de las elecciones judiciales. Como resultado, muchos votantes estaban desinformados sobre los candidatos o creían que las elecciones estaban predeterminadas, lo que llevó a un alto número de votos en blanco y nulos. En consecuencia, la participación electoral ha sido baja, debilitando la democratización del poder judicial.
Esta percepción de interferencia política ha fomentado desconfianza, socavando el objetivo de las elecciones judiciales.
Además, la división dentro del partido MAS de Bolivia entre los seguidores del presidente Luis Arce y los partidarios de Evo Morales llevó a un estancamiento legislativo, retrasando la aprobación de un calendario electoral y de los candidatos judiciales. Cuando los mandatos de los jueces expiraron el 31 de diciembre de 2023, sin que se llevaran a cabo elecciones, la falta de acción del Congreso creó un vacío constitucional, lo que obligó a extender los mandatos de los jueces. Dicha extensión fue vista como un “golpe” por la oposición y la facción de Morales, intensificando la crisis política en Bolivia. Diversas protestas estallaron en varias ciudades importantes, agravando la percepción de que el poder judicial estaba alineado con Arce y los retrasos en votaciones clave sobre temas financieros. Aunque una negociación ad hoc estableció una nueva elección judicial para el 1 de diciembre de 2024, el estancamiento ha avivado aún más las llamas de la crisis política actual en Bolivia. Este año se ha presenciado un intento de golpe militar en junio, un colapso financiero y frecuentes enfrentamientos violentos entre manifestantes, contramanifestantes y las fuerzas de seguridad en todo el país.
La experiencia de Bolivia con las elecciones judiciales podría ofrecer una ventana al futuro del experimento judicial de México. Críticos anticiparon la captura política del proceso electoral judicial boliviano, el cual se había diseñado para cumplir la promesa de unas cortes más representativas y democráticas. Las elecciones directas de jueces y magistrados se politizaron, lo que generó un creciente sentimiento de desconfianza hacia el sistema judicial. Además, actores polarizantes elevaron este conflicto a confrontaciones violentas en las calles, bloqueos de carreteras, ataques a las instituciones electorales y judiciales e incluso ataques físicos a los propios líderes políticos.
Hace sólo 30 años, México inició su transición democrática, y la Suprema Corte de Justicia comenzó a emitir sentencias de manera independiente, de acuerdo con la Constitución mexicana, y no con la voluntad del presidente o de otros intereses políticos. A pesar de los avances, la democracia mexicana sigue siendo vulnerable a influencias y presiones, y el mismo sistema judicial sufre de altos niveles de impunidad, una enorme acumulación de casos y de investigaciones criminales deficientes e inadecuadas.
Si bien la reforma judicial es ciertamente necesaria para abordar estos desafíos, la propuesta actual no sólo corre el riesgo de la captura política del sistema de justicia, sino también de la captura por parte del crimen organizado. A lo largo de los años, los carteles han cooptado gobiernos locales y congresistas para proteger sus intereses ilícitos. Con requisitos tan flexibles para convertirse en juez o magistrado, no sería sorprendente que también intentaran infiltrarse y controlar el poder judicial para asegurar una impunidad continua.
La administración de Sheinbaum podría haber dado pasos adicionales para evitar que las elecciones judiciales se convirtieran en un proceso controvertido al entablar un diálogo constructivo con el mismo poder que busca transformar. La contra propuesta del magistrado de la Corte Suprema, Juan Luis González, limitaba las elecciones judiciales a los miembros de la Corte Suprema, manteniendo el resto del poder judicial bajo el sistema meritocrático. Esto podría haber sido un buen punto de partida para las negociaciones sobre un sistema judicial con necesidad de reformas, pero la administración de Sheinbaum decidió ignorar la rama de olivo que le extendió la Corte Suprema.
Independientemente sobre cómo se reforme el sistema judicial, Estados Unidos debería continuar proporcionando capacitación y entrenamiento a jueces y magistrados federales y locales, considerándolo una importante prioridad bilateral. Aunque la administración de Biden respeta plenamente el derecho soberano de México para llevar a cabo dichas reformas judiciales, el Departamento de Estado ha sido claro, sin ser intervencionista, sobre las posibles implicaciones de estas reformas en los intereses compartidos sobre seguridad e inversión. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, registrando, en 2023, un flujo comercial de 807 mil millones de dólares y es un aliado esencial en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La fortaleza e independencia del sistema judicial mexicano son fundamentales para cumplir la promesa de un México más seguro y próspero, lo cual es clave para la seguridad nacional de Estados Unidos.
En los últimos años, ha surgido una tendencia global que podría socavar la independencia judicial, erosionando importantes mecanismos de control así como contrapesos. En Israel, antes del ataque del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas, los israelíes salieron a las calles para protestar contra una reforma al sistema judicial que permitía una mayor influencia política en el proceso de selección de jueces y limitaba la revisión de leyes por parte de la Corte Suprema. Polonia y Hungría aprobaron reformas similares, que otorgaron más poder al poder legislativo para designar a los magistrados. En Guatemala, el proceso de selección judicial aún fue cuestionado por la elección de varios jueces vinculados al “Pacto de Corruptos”, un término utilizado para referirse a políticos, empresarios, crimen organizado y miembros del sistema judicial acusados de actos de corrupción. En El Salvador, recientemente se designaron dos ex-jueces electorales, que favorecieron la reelección inconstitucional del presidente Nayib Bukele, a cortes locales. Estados Unidos debe mantenerse vigilante sobre una región que parece enfocarse cada vez más en formas de gobierno menos democráticas.
Lucila Del Aguila Llausás es una Oficial Senior de Programas en el Programa de América Latina del Instituto de Paz de los Estados Unidos.